La Junta Electoral Central ha acordado este jueves remitir la documentación electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre a todas las personas inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), incluidos los más de 160.000 españoles nacionalizados al amparo de la conocida como ley de nietos. Pero el envío no garantiza que todos puedan participar en los comicios, ya que una parte de estos ciudadanos se va a ver afectada por la suspensión cautelar dictada por el Tribunal Supremo.
Esta decisión pretende que los electores residentes en el extranjero que sí tengan reconocido el derecho a votar reciban a tiempo los documentos necesarios para participar en las elecciones. Según han informado a EFE fuentes de la Junta Electoral, el organismo ha optado por realizar los envíos a todos los inscritos en el censo, aunque advierte de que habrá personas que no podrán ejercer su derecho al sufragio debido a la resolución judicial.
En concreto, la suspensión afecta a los ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española gracias a la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como ley de nietos. Sin embargo, la medida del alto tribunal contempla excepciones que permitirán votar a algunos de los afectados, siempre que se cumplan determinadas condiciones.
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